Francisco Barbosa, Fiscal general.
Francisco Barbosa, Fiscal general.
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Fiscalía

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En ley de sometimiento, beneficios serán para pequeños cultivadores y no para productores y vendedores

Así lo acordaron Fiscal y Presidente.

Tras los reparos que en reiteradas ocasiones ha hecho el Fiscal general, Francisco Barbosa a la ley de sometimiento a la justicia, este lunes, tras reunirse con el  Presidente Gustavo Petro, el jefe del ente investigador aclaró que se estableció que los beneficios de la iniciativa “solamente se van a limitar a pequeños cultivadores”. 

Así se establece en la ponencia que llegará finalmente al Congreso de la República reveló Barbosa.

“Nada que tenga que ver con importación de precursores químicos, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes”, declaró Barbosa señalando que se trata de una discusión separada alrededor de la ponencia.

En este sentido, el Fiscal dijo sentirse satisfecho de que el Jefe de Estado haya escuchado las recomendaciones, “por el bien del país”.

Celebró que “aquellos que quisieron incluir esos beneficios, queden sin esa herramienta porque Colombia no lo va a permitir a la cadena del narcotráfico”.

Tras las 12 observaciones planteadas por la Fiscalía y luego del diálogo con el Presidente Petro, Barbosa anunció que se va a seguir trabajando en mejoras a la iniciativa  del Jefe de Estado para que “las líneas rojas que puso la Fiscalía, tengan asidero en el Congreso de la República”.

Anunció el Fiscal, una “mesa técnica” para el monitoreo de las órdenes de captura vigentes contra homicidas de líderes sociales, reincorporados y familiares.

Barbosa sostuvo que la nueva ponencia plantea un proyecto limitado y restrictivo para un sometimiento colectivo como se pretendió inicialmente. 

“Se tiene un marco para esa negociación y seguramente una reglamentación”, aclaró.

En la norma que se debatirá en el Congreso, autores de delitos como concierto para delinquir simple o quienes no hayan cometido ningún delito, podrían beneficiarse.

Por el contrario, quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad sí deberán ir a la cárcel.

Los cabecillas, unas 700 personas, no podrían quedar en libertad y deberían terminar con medida privativa de la libertad.

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